Como es natural (ahora se dice mucho “como no podía ser de otra manera”, qué ganas de retórica) se convocaron elecciones para renovar la Junta de Gobierno. Era natural porque las últimas fueron en 2019, y los períodos de gobierno duran cuatro años. Pero la cosa empezó ya torcida. El acuerdo para convocarlas lo tomaron en Junta de Gobierno en octubre, pero la comunicación por correo postal y electrónico no se hizo hasta el día 2 de diciembre y en la misma fecha se publicó en la web colegial el calendario electoral. — ¿Y qué? —dirá el lector. Pues que el calendario electoral había comenzado antes, exactamente el día 6 de noviembre, con un sorteo para elegir entre todos los colegiados los componentes de la Comisión Electoral, y la constitución formal de dicha Comisión se realizaba el día 24 de noviembre. Esta Comisión tiene entre sus fines atender a las consultas, dudas y aclaraciones respecto del proceso electoral, que puedan plantearle los colegiados. Difícilmente desde el día 24 ni mucho menos desde el 6 de noviembre podría ningún colegiado plantear consultas acerca de un proceso del cual no tuvo noticia hasta el día 2 de diciembre, pero es que tampoco desde este día figuraba por ninguna parte el nombre de los miembros de la Comisión Electoral ni el modo de establecer contacto con ella. Eso, a mi entender, resta oportunidades de ejercer su derecho a los colegiados.
Así que, me empapo de los Estatutos, en sus artículos dedicados a las normas electorales, me repaso el calendario electoral, y el 5 de diciembre escribo un mail a dos personas que por su cargo considero que estarán a cargo de la solución: la Gerencia y la Dirección de Comunicación. Este mail, por un problema informático del servicio de correo que proporciona el colegio (cuya cuenta utilicé), se demora y queda toda una semana en “bandeja de salida”, de forma que hasta el día 17 no descubro el fallo y no puedo enviarlo de nuevo usando otra cuenta de correo. Dos horas después me contesta el mismísimo Decano, que me da las gracias por la advertencia, facilitándome los datos de la Comisión y una cuenta de correo a la que dirigirme para mis consultas, además de comunicarme que el problema de la “no publicación” de la misma información se ha resuelto inmediatamente en la web. Compruebo que así es.
La siguiente fase es escribir a la Comisión Electoral y plantearle mis dudas y consultas. Entre unas cosas y otras, me extiendo en cuatro páginas que envío, esta vez con una cuenta segura, el día 22 de diciembre. Me responde la presidenta el día 24, con la intención de trasladar mi consulta a la Asesoría Jurídica del CDL y hacerme saber la respuesta en cuanto disponga de ella. Le agradezco la premura y la intención, y espero. El día 28 me llega la respuesta, que es la que ha facilitado la Asesoría Jurídica.
La respuesta me sume en un estado de ofuscación. No sé si es que me toman por tonta, o es sólo su forma habitual de tratar los asuntos, y no hay nada personal detrás de su jerga. Me inclino a pensar en lo segundo, para calmarme. Simplemente no me dan ninguna respuesta. Ninguna. Un folio lleno de obviedades que sacan de los Estatutos, referencias a normativa electoral y de los colegios profesionales (sin concretar), y promesas acerca de lo que se hizo antes y se hará después en los distintos hitos del calendario electoral, afirmando que no se ha incumplido ni se incumplirá ninguna norma ni principio democrático a lo largo del proceso. Y ya. Ninguna aclaración sobre los procedimientos, que consideran que “no es necesario que estén desarrollados en mayor profundidad”. Ya está.
Y yo pregunto ahora ¿Sigo? ¿Busco apoyos para la siguiente fase? ¿Lo mando todo a…? ¿Valdrá la pena? ¿Habrá colegiados a los que esto les importe? ¿Cómo lo hago saber a los que estén de acuerdo conmigo, si el CDL controla por restricción al mínimo las comunicaciones entre nosotros?
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