Recibo un boletín informativo del medio Xarxatics, con fecha 16/01/2022 https://xarxatic.com/se-elimina-el-abp-de-las-aulas-madrilenas-a-propuesta-de-vox/ al que en algún momento me suscribí, interesada en temas de tecnología en las aulas, con la noticia de que “Se elimina el ABP de las aulas madrileñas, a propuesta de VOX”. La noticia la firma Jordi Martí, que al final remite a los lectores a otra, que según dice, él ha transcrito, publicada a su vez por Tomeu Martí en el periódico dBalears https://www.dbalears.cat/balears/politica/2022/01/14/361193/eliminen-els-examens-exclusivament-memoristics-educacio-les-balears-proposta-mes-per-menorca/ publicada el 14/01/2022 cuyo titular es “S’eliminen els exàmens exclusivament memorístics a l’educació de les Balears, a proposta de Més per Menorca”.
En realidad, la publicación del segundo Martí no sólo no es una transcripción de la del primero (¿Serán hermanos?), ni puede serlo, porque las noticias son distintas no sólo por el asunto tratado, sino por los protagonistas de una y otra, de distinto signo político y de ideologías opuestas. La primera es una “abolición” de los exámenes “memorísticos”, promovida por MesMenorca, y la segunda es una “abolición” de las pedagogías que desarrollan el aprendizaje basado en proyectos (ABP), promovida por VOX en Madrid.
Hace tiempo que denuncié en mi libro lo que ahora voy a repetir aquí: la tentación es reaccionar a favor o en contra de lo que se expresaba en las leyes y se practicaba en las aulas antes y lo que dejará de suceder después. Yo caería con gusto en esa tentación para debatir sobre los conceptos implícitos en una u otra práctica docente, para hablar de lo que es pedagógico y lo que no lo es. Pero no voy a entrar en ese juego, no caeré en la trampa. Yo soy pedagoga, y me gustaría muchísimo debatir no sólo con los docentes/profesores que pisan las aulas, sino, y ahí está el punto, con los políticos y legisladores que toman estas decisiones en Parlamentos, jugando con sus ideologías a imponerse por los votos y hacerse fuertes con los mismos argumentos que han utilizado sus oponentes apenas unos días antes, para defender justamente lo contrario.
Lo que quiero repetir y repetiré cuanto sea necesario es que las cuestiones pedagógicas NO DEBERÍAN ESTAR EN MANOS DE LOS POLÍTICOS NI LEGISLADORES, porque deberían estar en LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DE LOS DOCENTES a los que, una vez integrados en la PROFESIÓN, CON UNA CARRERA DOCENTE BIEN PLANIFICADA y un respeto social por su competencia profesional, se debería respetar sin intromisiones, también desde las instituciones legislativas.
Y quiero, desde la PEDAGOGÍA, llamar la atención a los docentes sobre este punto, que es donde yo creo que radica el problema de fondo contra el que ellos deberían lanzar sus invectivas, y no tanto a quienes defienden la práctica pedagógica con la que no se identifican, sea cual sea.
Lo verdaderamente importante es que en la redacción de los decretos curriculares autonómicos, en las propias elaboraciones de los planes de estudio que se determinan en las leyes ministeriales, en toda la normativa que rige la actividad de los docentes (que no suelen leer estos textos legales), se recogen teorías pedagógicas, se plasman tendencias de innovación educativa, se determinan criterios de evaluación, agrupamiento, uso de los espacios, tiempos y prácticas docentes, en un alarde absoluto de falta de fe en la capacidad de los propios docentes para organizar su propio trabajo con su capacitación inicial y permanente como docentes. La falta de fe tiene fundamento, pero es precisamente eso lo que hay que cambiar.
Recurriré a una comparación que todo el mundo comprenderá: es como si al regular la actividad de los restaurantes, la ley no se limitara a ordenar cuestiones administrativas, financieras, fiscales, sanitarias, etc., sino que, desconfiando de la formación del cocinero, entrara a decir si se prohíben o se autorizan las técnicas de cocinado, a favor del horno, en contra de la fritura, a favor de las especias o en contra de los congelados, los platos combinados o los menús degustación. Eso queda a criterio de los profesionales. Su formación no es reglada en la mayoría de los casos, lo sé, aunque también puede serlo en algunos sitios, pero no se trata de eso.
Se trata de resolver la paradoja de que los legisladores e ideólogos de la política no son capaces de elaborar una buena carrera docente, con una formación inicial de garantía de calidad suficiente, y una formación continua realmente valorada en su carrera, pero ninguno renuncia a regular aspectos concretos de la práctica pedagógica en los correspondientes decretos de desarrollo curricular o de interferir abiertamente en la práctica educativa. Y esa paradoja, que sufren los docentes en primera instancia (muchos de ellos, paradójicamente, firmes defensores del concepto de “libertad de cátedra”), y perjudica a los alumnos en máximo grado, es la que, a mi juicio, se pone de manifiesto con episodios como el que he comentado al comienzo, el uno en Baleares, el otro en Madrid, como dos ejemplos de lo que sucede en todo el país.
Yo llamo a los DOCENTES desde la PEDAGOGÍA, a tomar conciencia de esta realidad, y a luchar por lo que verdaderamente está fallando en el mundo de la educación/enseñanza. No se trata tanto del PACTO EDUCATIVO para evitar que las leyes dejen de cambiar cada vez que los partidos opuestos llegan al Gobierno, sino de que legislen para regular la integración legal de la profesión docente en el conjunto de la estructura social, pero dejen de regular su propia práctica profesional. Se trata de que los políticos y legisladores sepan que la Pedagogía NO SE MANIPULA, ni es SU HERRAMIENTA IDEOLÓGICA.
